Número Especial 7, octubre 2020
La emergencia sanitaria mundial por COVID-19 ha modificado la dinámica social en todos los ámbitos de la vida debido a las medidas preventivas implementadas para evitar un contagio masivo. En México el distanciamiento social y las medidas de aislamiento implicaron el cierre de centros de trabajo, mercados, centros comerciales, escuelas, instituciones privadas y de gobierno, lo que afectó prácticamente todos los espacios en donde hubiera convivencia personal. Por otro lado, la contingencia evidenció la desigualdad en las condiciones económicas de los sectores sociales, poniendo de manifiesto las peores condiciones de las clases populares para enfrentar este tipo de crisis. Condiciones que se han agudizado tras décadas de neoliberalismo.
En una crisis sanitaria es difícil no hablar del estado del sistema de salud en nuestro país, que ha resultado ser ineficaz y ha sido rebasado en la atención a los contagiados o sospechosos de contagio por COVID-19. México ha ido escalando lugares dentro de los países con más casos y sobretodo muertes por este virus. A mediados de septiembre el país ya ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial, con más de 70 mil defunciones, y la cifra sigue aumentando día con día. Por encima de México sólo se encuentran Estados Unidos, Brasil e India. La situación se torna dramática si consideramos que, según cifras de 2018 del CONEVAL, 19 millones de personas no cuentan con servicios de salud y que, aún contando con ellos, las condiciones de atención y el estado de las instituciones públicas es preocupante. Los trabajadores que tienen sospecha de estar contagiados y que no pueden pagar un servicio privado de salud deben enfrentarse a una larga lista de espera debido a la insuficiencia de pruebas, camas, ventiladores, cuartos de hospital, etc.
Además, cuando en marzo de este año se declaró la cuarentena en nuestro país, una gran parte de la población no pudo cumplir con la misma porque, en las condiciones de desigualdad en las que vivimos, muchas personas tuvieron que salir a trabajar incluso arriesgando su propia salud y, por lo tanto, la de sus familias. Un ejemplo claro en ese sentido es el de los trabajadores en la economía informal, que en México representan el 57% del mercado laboral, según cifras del INEGI. Es decir, más de la mitad de los trabajadores del país estaban condenados a arriesgar sus vidas en la búsqueda del alimento, pues debían salir a las calles diariamente a procurar el sostén propio y el de su familia, al no tener la posibilidad de quedarse en casa y gozar de un sueldo. Otro número importante de trabajadores vio cómo las empresas de un día para otro decidían despedirlos, por lo que vieron perdida su única fuente de ingresos. Esto exacerbó aún más las diferencias sociales y agudizó la vulnerabilidad de los sectores explotados y marginados.
Unas de las primeras instituciones en cancelar actividades presenciales fueron las escuelas, en todos sus niveles, debido a la concentración y movilización poblacional que implica su dinámica. Por esta razón se implementó desde los primeros días de cuarentena la educación a distancia, para continuar con las clases hacia el cierre del ciclo escolar. A la fecha, las circunstancias en el sistema educativo nacional no han cambiado. Para este nuevo ciclo escolar las clases presenciales seguirán canceladas hasta que el riesgo sanitario disminuya y se implementarán la educación en línea, la programación educativa televisada, trabajos en casa, etc. En el nivel básico niños, niñas y jóvenes asisten a aulas virtuales desde el 24 de agosto. En la educación media superior los jóvenes comenzaron en esta modalidad el 21 de septiembre.
Ante las condiciones de la modalidad a distancia, estudiantes y profesores se han manifestado en redes sociales para denunciar numerosas contradicciones generadas en este contexto. Por ejemplo, la carga de trabajo que conllevan las clases en línea, la insensibilidad ante la situación por parte de las instituciones educativas al exigir cumplir con lo programado en malas condiciones, el poco aprendizaje que perciben los estudiantes, no contar con espacios adecuados para conectarse sin interrupciones y la falta de herramientas tecnológicas para toda la población.
Los obstáculos que enfrentan los estudiantes y maestros para la enseñanza-aprendizaje son de diversa índole. Al utilizar las plataformas digitales como herramienta básica en este nuevo proceso no se toma en cuenta que la desigualdad también se manifiesta en la brecha tecnológica. En México y el mundo una gran parte de la población no cuenta con acceso a Internet ni equipo para conectarse. De la población que tiene acceso, otro porcentaje padece de conexiones deficientes, pues los costos son demasiado elevados y, con los bajos salarios del país, los ingresos no son suficientes. Además, en una buena parte del territorio nacional la población no tiene cobertura, entre muchos otros problemas. Según datos del INEGI, tan solo 49.9 millones de mexicanos tienen computadora y se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen de Internet (56.4% del total); en la zona rural el porcentaje cae a 40.6%. (INEGI, 2019)
Bajo estas circunstancias, es probable que un buen número de estudiantes abandonen la escuela, o más bien que la escuela los abandone. Tan solo en el ciclo escolar que concluyó este año, el 2019-2020, la SEP anunció que la deserción en el nivel básico alcanzó el 10% de la matrícula, lo que representa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Estas cifras se suman a la deserción educativa que desde hace años ha agravado el rezago educativo en este país.
Uno de los aspectos que nos interesa resaltar de la educación a distancia implementada en el nivel básico es la estrategia “Aprende en casa II”, la cual es una programación televisiva adaptada de viejos y nuevos contenidos audiovisuales educativos que se transmiten en televisoras privadas (Televisa y TV Azteca) y públicas (TV UNAM y Canal Once del IPN), así como en plataformas digitales, como Youtube. Cabe mencionar que en Google se crearon todas las cuentas de correo institucionales de maestros y alumnos, lo que implicó millones de nuevos usuarios para esta plataforma, que se traducirán en millones de datos que serán usados para sus negocios. Esta estrategia tiene como trasfondo la alianza del gobierno federal con grandes corporaciones tecnológicas, lo que representa una transferencia de enormes cantidades de recursos públicos a empresas privadas, las que siempre se benefician. En este caso la SEP pactó una alianza pública-privada para la que destinará 450 millones de pesos. Entre las asociaciones y empresas que figuran en la página oficial de Aprende en casa, en el listado de agradecimientos, se puede observar a Google, Fundación Carlos Slim, Fundación Televisa, Facebook y Microsoft.
Esta estrategia opera bajo una lógica privatizadora que promueve la mercantilización y privatización de la educación, y podría sentar las bases de una relación de dependencia técnica con estas empresas y permitir su injerencia en los procesos educativos. En este sentido, al terminar la contingencia, será importante la lucha por la educación pública para que no se normalice la presencia de empresas privadas en la educación.
Por otro lado, Aprende en casa es una medida unilateral que un grupo de autoridades decidieron sin considerar a todas las partes que intervienen en el proceso educativo, y perjudica directamente a los maestros, pues en las aulas "virtuales" se tienen que enfrentar a una serie de limitantes y contradicciones de ese programa. Los maestros no fueron consultados para la construcción de contenidos y ahora en su labor quedan en gran medida sujetos a los tiempos de la programación de los contenidos televisados.
Se nos hace importante remarcar que antes de la pandemia había problemas de la educación en nuestro país y que siguen existiendo. Con la contingencia lo que ha pasado es que las contradicciones y dificultades se ponen al descubierto de manera más clara. Un ejemplo relevante, es la exclusión educativa ejecutada a través de los exámenes de admisión que continúa y continuará mientras no desaparezcan estos y se cumplan todas las demandas. Año con año se dejan fuera miles de jóvenes que buscan una opción pública para continuar sus vida académica en el medio superior y superior. Tan solo el año pasado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el nivel superior, de 270 mil aspirantes 20 mil fueron admitidos y 250 mil rechazados, lo que representa una exclusión del 98%. En el Instituto Politécnico Nacional los aspirantes fueron 104 mil estudiantes, de los cuales 30 mil fueron admitidos y 74 mil rechazados; 71% quedaron fuera. En la Universidad Autónoma Metropolitana de los 91 mil aspirantes sólo 13 mil 500 fueron aceptados, quedando rechazados 77 mil 500, 85% quedaron fuera.
En la circunstancias de contingencia sanitaria, universidades y autoridades educativas hicieron como que no pasaba nada para aplicar los exámenes de admisión y sólo migraron al examen en línea. Tales son los casos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de México o la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que aplicaron su examen en línea. Y por otro lado, la UNAM y el IPN evitaron hacerlo en línea pero expusieron a los aspirantes al contagio. Este hecho nos lleva a preguntarnos ¿No es posible pensar en alternativas al examen como única vía de admisión?
La realidad es que las cosas si se pueden hacer de otra manera, está el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, que le dio la vuelta a la aplicación del examen. La BUAP, en el nivel medio superior, canceló la aplicación del examen de admisión en línea porque un gran número de aspirantes no contaban con las condiciones tecnológicas para realizarlo, por lo que se decidió admitir a todos los aspirantes inscritos.
Las circunstancias hacen más urgente que se tomen medidas profundas para resolver el problema de exclusión educativa que se efectúa a través de los exámenes de admisión. Por eso seguiremos insistiendo en que se cancele el examen de admisión como mecanismo para el ingreso a la educación media superior y superior.
Todas estas contradicciones y problemáticas han quedado evidenciadas y, en algunos casos, se han agravado con la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19. Estas han obligado a estudiantes y maestros a avanzar a marchas forzadas desde la modalidad a distancia, con limitantes y desafíos que solo en las aulas ellos enfrentan y de las que se benefician los de siempre, las empresas, con la complicidad del Estado.
Aunque la pandemia nos aísla en esta situación de cuarentena debemos de encontrar las maneras de unir fuerzas para luchar contra estas condiciones de desigualdad social en todos los aspectos de la vida. Luchar para que todo el pueblo mexicano tenga acceso a hospitales y atención médica para vivir con salud. Combatir las condiciones de precariedad laboral que nos obligan a exponer nuestra vida. Dar la batalla contra quienes busquen privatizar y mercantilizar la educación pública. Exigir una educación integral para todos y todas con más escuelas bien equipadas, mayor contratación de maestros y aumento en el presupuesto. Organizarnos por una vida digna para todxs.
Referencias:
Comercio informal:
Corporaciones, Big Data y la educación que viene
Diagnóstico del derecho a la salud del CONEVAL:
Estadísticas a propósito del día mundial del internet:
Pobreza en México:
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