Número 50, Año 8, marzo 2021
Foto: Luis Suaste, https://regeneracionradio.org/
El 28 de marzo de 2001 la comandanta Esther, a nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de los pueblos del Congreso Nacional Indígena (CNI), emitió un discurso ante legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, en la llamada máxima tribuna del país y ante quienes dicen representar al pueblo, la representante zapatista llamó al diálogo para avanzar en la construcción de la democracia. Sus palabras fueron:
“No venimos a humillar a nadie. No venimos a vencer a nadie. No venimos a suplantar a nadie. No venimos a legislar. Venimos a que nos escuchen y a escucharlos. Venimos a dialogar.”
El camino para llegar ahí había sido largo, tanto como la resistencia centenaria de los pueblos contra la el despojo, el desprecio, la explotación; tanto como la madrugada del 1 de enero de 1994 cuando los pueblos mayas del sureste se levantaron en armas contra el gobierno de Salinas y contra el Estado mexicano demandando democracia, libertad y justicia; tan largo como las múltiples veredas que habían recorrido delegados y delegadas de multitud de comunidades y pueblos originarios al fundar el Congreso Nacional Indígena, la casa de los pueblos indios de México.
El camino que había llevado a la comandanta Esther al Congreso de la Unión fue construido por el andar de resistencia y organización de los pueblos zapatistas, de los pueblos originarios, pero también había sido el andar colectivo de la en ese entonces llamada sociedad civil, fue la Macha del color de la tierra, la marcha de los muchos méxicos que en su diversidad demandaban democracia, que comenzó en Chiapas en febrero del 2001 y concluyo el 11 de marzo del mismo año con un zócalo repleto que, en voz del subcomandante Marcos, gritó:
“Es la hora de los pueblos indios, del color de la tierra, de todos los colores que abajo somos y que colores somos a pesar del color del dinero.”
Sobre la democracia quisiéramos insistir. La voz de la comandanta Esther no dejó lugar a dudas, el EZLN, el CNI y la sociedad civil organizada demandaban:
“Un país donde se reconozca la diferencia y se respete. […] uno donde los indígenas seamos indígenas y mexicanos, uno donde el respeto a la diferencia se balancee con el respeto a lo que nos hace iguales. Uno donde la diferencia no sea motivo de muerte, cárcel, persecución, burla, humillación, racismo. Uno donde siempre se tenga presente que, formada por diferencias, la nuestra es una nación soberana e independiente.”
Y precisamente ese respeto a la diferencia es uno de los elementos fundamentales de la democracia. El gobierno del pueblo es necesariamente el gobierno de los muchos que siendo diferentes comparten la responsabilidad colectiva de gobernarse y eso, aunque no sólo, los hace iguales.
La voz zapatista en el 2001 al reclamar la aprobación de la llamada Ley Cocopa sobre derechos y cultura indígena[1], demandaba no la discriminación positiva de quien debe ser objeto de tutela, sino el reconocimiento mismo de la existencia de los pueblos indios como sujetos de su historia, el reconocimiento de su lucha, de sus formas de ser como son hoy, aquí y ahora, ya que como ellos dijeron en alguno de los varios mensajes durante la Marcha del color de la tierra, “somos de antes, pero somos nuevos”; el reconocimiento de su lengua, de su cultura como una cultura viva, no sólo para el turismo y los museos, sino para vivir como ellos decidan hacerlo; en definitiva, el reconocimiento de sus formas de decisión y de gobierno, porque ¿qué sino es la democracia sino el gobierno de los pueblos por ellos mismos?
Y más allá de los desplantes de sectores de la clase política de aquel entonces, nadie puede llamarse a engaño, los zapatistas y los pueblos originarios del CNI no demandaban en ese entonces nada extraordinario, nada nuevo, simplemente demandaban que una de las promesas de la modernidad capitalista y sus clases dirigentes se cumpliera, la promesa de una vida democrática.
A la Marcha del color de la tierra, al diálogo, a la palabra y la escucha de los pueblos indios del EZLN y del CNI, quienes arriba mal gobiernan respondieron como de por sí saben hacerlo, con desprecio y engaño. En abril del 2001 el Congreso de la Unión aprobó con el voto de toda la clase política una reforma constitucional en materia indígena que no reconocía los acuerdos de San Andrés, ni la Ley Cocopa. Fue una traición más. Desde arriba dejaron claro, no sólo el desprecio a los pueblos indios, sino también que no les interesaba avanzar en la construcción de una sociedad democrática.
Para una democracia real no sólo falta la diferencia, sino que ésta se teja sobre la igualdad efectiva, sino es así, y la diferencia nace sobre la desigualdad, entonces aparecen el despojo, la explotación y el desprecio. Porque la diferencia que crece sobre la desigualdad entre los que tienen y los que no, se llama explotación, y la diferencia que nace sobre los que deciden y los que no, se llama opresión.
En marzo de 2001 la comandanta Esther señalaba ante el Congreso de la Unión:
“Se acusa a esta propuesta de balcanizar el país, y se olvida que el país ya está dividido. Un México que produce las riquezas, otro que se apropia de ellas, y otro que es el que debe tender la mano para recibir la limosna.”
Difícil encontrar una síntesis mejor elaborada de la realidad estructural de nuestro país. Qué si no es el capitalismo sino un sistema en el que existen inmensas mayorías que por no tener nada están condenadas a trabajar para otros, crear riqueza para otros. Qué si no es el capitalismo sino un sistema donde unos pocos se quedan con lo que otros producen, así le llamen “iniciativa empresarial” o “éxito”, lo cierto es que la apropiación de unos pocos de lo creado por el trabajo de otros, se llama explotación. Y para quienes no hay ni grandes riquezas fruto de la explotación, ni tampoco hay trabajo ni empleos dignos lo que se ofrece son limosnas.
En un país así, dividido entre quienes todo lo tienen y quienes nada poseen, no puede haber vida democrática. La democracia prometida desde tiempos muy tempranos por el capitalismo y sus clases dirigentes no ha llegado. No había llegado en el 2001 cuando ser indígena era motivo de desprecio y explotación, no ha llegado hoy cuando territorios de comunidades y pueblos indios son objeto de despojo y motín de empresas nacionales y extranjeras. No puede haber democracia cuando lo que hay es la simulación de la democracia. La democracia o es auténtica o no es. No puede haber democracia cuando lo fundamental se decide por quienes tienen el dinero. Su democracia es la dictadura del dinero, la dictadura del capital.
[1] La llamada iniciativa de Ley Cocopa recuperaba algunos de los elementos firmados por el EZLN y el gobierno federal en los Acuerdos de San Andrés en febrero de 1996. Uno de los aspectos fundamentales de dicha iniciativa era el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y por lo tanto el reconocimiento de sus formas de gobierno y desarrollo, de su autonomía y libre determinación. Pueden verse diversos materiales en “Perspectivas sobre los Acuerdos de San Andrés” https://tejiendorevolucion.org/15215.html
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